Son ya nueve meses los que estamos sin gobierno y algunas de las instituciones de nuestra democracia sufren una parálisis nunca vista. Aunque la vida transcurre como si todo siguiese su camino, en realidad en España sufrimos un parón legislativo y algunos juristas nos preguntamos qué consecuencias podrá tener esta pausa. El aparato legislativo de nuestro Estado es generalmente silencioso pero trabajaba sin pausa hasta sufrir este parálisis.

En cierto modo, la actualización legislativa sigue su curso por las leyes ya aprobadas antes de las primeras elecciones y entrando ahora en su periodo de vigencia. Sin embargo, dentro de unos meses no habrá nuevas citas para conocer un posible cambio de ciertas leyes, esto de alguna manera es una buena noticia para quienes nos dedicamos profesionalmente al mundo jurídico porque tendremos un respiro, pero por otro lado sabemos lo importante que es que nuestro sociedad tenga actos legislativos que den respuesta a sus necesidades y se adapte a su propio desarrollo.

Parón legislativo

La última ley que salió del Congreso fue la Ley de Presupuestos generales para este año 2016 y fue aprobada el 29 de octubre. Ahora bien, sabemos que el hecho de tener un gobierno en funciones no significa que nuestras Cortes también estén en funciones por lo que podríamos estar ante un incumplimiento constitucional. Los letrados de las propias Cortes advierten que esta parálisis legislativa no solo tiene repercusiones para este periodo de tiempo con gobierno en funciones sino que estamos sentando precedente, dando lugar a posibles situaciones parecidas en elecciones posteriores ya que estamos dejando en suspenso competencias constitucionales clave.

Lo cierto es que no solo no hay actualizaciones legislativas, sino que además no hay modificaciones de otras leyes que ya están aprobadas y resultan necesarias. Así nos hayamos prácticamente ante un limbo legislativo, donde hasta 2500 preguntas presentadas por los diputados en el Congreso se hallan sin respuesta, como sin respuesta se haya nuestra propia incertidumbre para saber qué efectos tendrá esta parálisis para nuestra sociedad y nuestra realidad jurídica.