Raphael Roa Granthon Rodriguez



Calle Iturrama 25, Escalera Centro, Entreplanta of.1


Abogado/a especializado/a en Derecho de Extranjería, Derecho Laboral y Derecho Administrativo, con amplia experiencia en asesoramiento jurídico integral a particulares, empresas y autónomos. A lo largo de su trayectoria profesional ha gestionado procedimientos relacionados con autorizaciones de residencia y trabajo, nacionalidad española, reagrupación familiar, recursos administrativos y contencioso-administrativos.

En el ámbito laboral, cuenta con sólida experiencia en despidos, reclamaciones de cantidad, incapacidades, sanciones, negociación colectiva y asesoramiento preventivo a empresas. Asimismo, ofrece defensa letrada ante la jurisdicción social, garantizando una estrategia jurídica personalizada y eficaz.

En materia de Derecho Administrativo, ha intervenido en procedimientos sancionadores, responsabilidad patrimonial de la Administración, licencias, subvenciones y contratación pública, asegurando el cumplimiento normativo y la protección de los derechos de sus clientes frente a la Administración. Se caracteriza por un trato cercano, transparencia, rigor técnico y actualización constante en normativa migratoria y laboral, ofreciendo soluciones jurídicas adaptadas a cada caso concreto. 

En materia de Derecho Administrativo, interviene en procedimientos sancionadores, recursos administrativos, responsabilidad patrimonial de la Administración, subvenciones, licencias, autorizaciones y contratación pública. Su enfoque combina el análisis técnico riguroso con una visión estratégica orientada a la resolución eficiente de conflictos.

Destaca por su compromiso, cercanía y claridad en la comunicación con el cliente, ofreciendo un acompañamiento continuo durante todo el procedimiento. Su ejercicio profesional se basa en la actualización constante de la normativa vigente y en la búsqueda de soluciones personalizadas, prácticas y seguras. Abogado especializado en la defensa frente a sanciones administrativas impuestas por la Administración Pública, ofreciendo asesoramiento integral desde la fase inicial del expediente hasta la vía contencioso-administrativa.

La defensa se fundamenta en el análisis exhaustivo del procedimiento conforme a lo establecido en la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, garantizando el respeto a los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y presunción de inocencia.

  • Estudio detallado del expediente administrativo

  • Presentación de alegaciones fundamentadas

  • Proposición y práctica de prueba

  • Recursos administrativos (reposición o alzada)

  • Defensa ante la jurisdicción contencioso-administrativa

La intervención temprana permite detectar defectos formales, falta de motivación, caducidad del procedimiento o vulneración de derechos fundamentales, lo que puede dar lugar a la reducción o anulación de la sanción.

El compromiso profesional se basa en una defensa técnica rigurosa, estratégica y personalizada, orientada a proteger los intereses del cliente frente a la Administración.

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